No nos digamos mentiras. Cuando de viajes se trata, Cartagena acapara una gran porción del top of mind colombiano. Todos hemos ido a meternos un rumbón en el Storyland con los amigos, a caminar por la amurallada con la novia o sencillamente a descansar en la playa, con un coctelito de camarones y una “pola” bien fría, acompañados de la familia.
La capital del Bolívar es el punto de encuentro entre dos mundos que, siendo opuestos, conviven en una sinergia enriquecedora para todos sus habitantes y visitantes. Las pintorescas calles de la ciudad amurallada y la postal moderna y desarrollada de Bocagrande, sirven de escenario perfecto para hacer de la ciudad un lugar de interés turístico con un potencial de explotación incalculable.
Como es evidente, la herencia colonial de la heroica, la ha hecho meritoria del título de Patrimonio Histórico de la Humanidad, concedido por la UNESCO en noviembre de 1984. ¡Semejante galardón! Es tal la riqueza del centro de esta ciudad, que fueron reconocidos como monumentos históricos, por el Decreto 1911 de 1995, el Catillo de San Felipe de Barajas y las Baterías colaterales.
Es de fundamental importancia entender bien esto antes de abordar de manera tácita el tema de hoy, ya que la Ley 397 de 1997 reconoció a estos monumentos como “Bienes de Interés Cultural”, y la Ley 1185 de 2008 (que modificó la 397) expresa que: “Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito nacional. Son bienes de interés cultural del ámbito nacional los declarados como tales por la ley, el Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, en lo de su competencia, en razón del interés especial que el bien revista para la comunidad en todo el territorio nacional”.
Así mismo, mediante la promulgación de la Ley 45 de 1983 el Estado colombiano adquirió ciertos compromisos, junto a la aprobación de la Convención sobre protección mundial, cultural y natural de 1972 de la UNESCO, que en su artículo quinto expresa que los Estados que fueran parte de dicha convención procurarán dentro de lo posible: “adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general”.
Pues bien, una vez entendido el marco especial que encierra a “La Heroica”, hagamos un ejercicio imaginativo para entender el problema que amenaza a la ciudad con perder la distinción de Patrimonio de la humanidad.
Supongamos que usted y yo somos 2 amigos neozelandeses que decidieron pasar, por primera vez, sus vacaciones en la convulsionada Sudamérica. Como es lógico, seducidos por La Reina del Flow (éxito de Netflix) y por los goles de James Rodríguez, optamos por ir a Colombia con parada segura en la ciudad más turística del país: Cartagena de Indias.
Una vez instalados en el hotel, ubicado al lado del centro de convenciones, fuimos a almorzar a la amurallada y así, aprovechar para conocer una ciudad que, a pesar de lo poquito que vimos a través de la ventana del taxi que nos condujo desde aeropuerto hasta el hotel, prometía ser una auténtica joyita escondida en la tupida selva del nuevo mundo.
Un clima ideal. Las terracitas del centro, ambientadas con la tradicional alegría del costeño colombiano y, las fachadas de colores en las inmediaciones de la Plaza Santo Domingo junto con la Torre del Reloj, nos ofrecían un par de publicaciones en Instagram que la rompieron en términos de likes.
Luego de una espectacular mojarra frita con patacón, procedimos a ver el estrafalario Castillo San Felipe, y justo ahí, cuando estábamos presenciando la postal colonial más icónica del nuevo mundo, preguntándonos cómo había sido posible que esas murallas imponentes protegieran a la rebelión cantonal entre 1873 y 1874, ocurrió la total disrupción de nuestro imaginario relato. Los barcos españoles de Arsenio Martínez que navegaban en nuestra mente habían sido reemplazados por la dictadura del postmodernismo selectivo. Ante nuestros ojos se plantó una estructura de casi 30 pisos de alto que, sin reparos terminó con la armonía del lugar.
Pues bien, esto que les pasó a nuestros hipotéticos viajeros oceánicos, fue lo que sucedió con una misión de verificación de la UNESCO que, al ver el monstruoso edificio, no dudaron en poner el grito en el cielo, por la vulneración del valor histórico del Castillo San Felipe que representa el gigante de concreto llamado Conjunto Multifamiliar Aquarela.
El 3 de julio de 2019, durante la reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrado en Azerbaiyán, este órgano supranacional le dio un lapso de dos años al Estado colombiano para demoler Aquarela y aprobar dos planes jurídicos para la protección del patrimonio: el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP) y un POT competente que pusiera fin a la constante violación de normas de construcción. De no hacerlo, la ciudad pasaría a integrar la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, lo que dejaría al país en el centro de la presión internacional.
Ahora bien. Es de extrema importancia aclarar que este es un delicado debate jurídico, y como esto es precisamente, una columna de opinión, usted es libre de interpretar el presente relato como mejor le parezca. Pero tenga en cuenta una cosa, quien se está viendo más afectada, evidentemente es la sociedad constructora del inmueble, Promotora Calle 47 S.A.S, puesto que ya invirtió la plata, ya construyó la primera etapa del complejo, y lo que vuelve aún más complicado el escenario, ya lo comercializó.
Las solicitudes internacionales de intervenir el proyecto han desencadenado cuatro medidas adoptadas por el aparato judicial. La primera es una acción popular interpuesta por el Ministerio de Cultura y la Procuraduría General de la Nación que desembocó en la suspensión del permiso con el que contaba la obra. La segunda, fue una querella policiva que selló la obra y le costó a la constructora una multa de más de 156 millones de pesos y una orden de restitución del espacio púbico.
Sin ser suficiente, en octubre de 2017 la Procuraduría volvió a presentar otro recurso, el cual versa sobre la petición del Ministerio de Cultura de suspender el proyecto inmobiliario Aquarela. Por último, la Fiscalía abrió un proceso penal en contra Ronald Llamas[1], curador número uno de Cartagena, quien fue imputado por los cargos de prevaricato por acción y urbanización ilegal. También a Lucas Tamayo[2], representante legal de la constructora y Claudio Restrepo[3], arquitecto del proyecto, por daño en recursos naturales y urbanización ilegal.
La ley 136 de 1994 dispone que los POT deben ser revisados por los Concejos Distritales cada 12 años. Pese a esto, el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena no sufría modificaciones desde 2007, y si la coyuntura impulsada por la UNESCO no hubiese tomado fuerza en la agenda pública, seguro continuaría sin cambio alguno.
Como era de esperarse, en 2018 entró en vigencia el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para defender la muralla y el Castillo San Felipe y, también se modificó el POT de la ciudad, incluyendo el control de altura la manzana catastral sobre la cual está erguida la primera etapa del proyecto.
Hace cuatro días el alcalde de Cartagena, William Chamat, apareció en Instagram afirmando ser el mandatario que demolería “Aquarela”. Ahí mismo, aseguró que la demolición nos costará a los colombianos cerca de 3000 millones de pesos.
Es increíble que ni siquiera el reconocimiento internacional y sus implicaciones, motive desde un principio a las autoridades competentes a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la UNESCO, ¿entonces qué debemos esperar?
[1] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/a-juicio-curador-de-cartagena-por-construccion-de-edificio-aquarela/ [2] https://extra.com.co/noticias/judicial/en-libertad-curador-urbano-y-demas-implicados-en-caso-del-ed-430151 [3] https://www.las2orillas.co/la-ambicion-del-promotor-de-la-torre-acuarella-que-lo-mando-la-carcel/
Comments