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Preservar el empleo, ¿Cuál será la fórmula gubernamental efectiva?



El día 6 de mayo de 2020 el Gobierno Nacional, con base en el decreto 637, declaró el Estado de Emergencia económica, social y ecológica por un espacio de 30 días, el cual se fue extendiendo hasta hoy (y llegará, en un inicio, hasta el 30 de noviembre del año en curso), con el fin de controlar los desastres que la pandemia del Coronavirus está causando en la vida de los colombianos.


Anteriormente, el ejecutivo había expedido el Decreto 417 de 2020, en el que se adoptaron las primeras medidas económicas ante las graves consecuencias producidas por los confinamientos del pueblo colombiano, con el objetivo de detener la rápida expansión de los contagios, lo que en algún sentido, se alcanzó a lograr en las primeras semanas de la pandemia.

Es lógico determinar que las medidas y restricciones causaron un impacto negativo en los índices económicos. Frente a esto, el Fondo Monetario Internacional emitió el comunicado de Prensa 20/114 del 27 de marzo de 2020, donde señalaba la gravedad de la crisis que se veía venir para los colombianos, lo que ocasionó la urgente injerencia del Gobierno Duque en la adopción de medidas para mitigar la gravedad de los efectos pandémicos.


Esta circular dice: "Estamos en una situación sin precedentes en la que una pandemia mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera. Dada la interrupción repentina la actividad económica, el producto mundial se contraerá en 2020. Los países miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar la actividad económica. Pero es necesario hacer más. Se debe dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y afianzar la recuperación en 2021".


Y no son los únicos. En junio del vigente año, el Banco Mundial emitió una desalentadora previsión donde vaticinó que el PIB mundial se contraería un 5,2%, siendo el mayor desplome de la historia moderna desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto motivó a los países a implementar medidas urgentes para mitigar los efectos negativos del virus; y Colombia no se quedó atrás. El 8 de mayo del año en curso, el Gobierno Nacional publicó el decreto 639 el cual ofrece, mediante el apoyo al empleo formal, alivios a las empresas que reúnan determinados requisitos previstos en la norma: $ 350.000 pesos por empleado en el pago de la nómina empresarial que se hayan visto afectados por la expansión del Covid -19, hasta el 2021.


Sin embargo, este decreto no pudo evitar que miles de pequeñas y medianas empresas tuvieran que cerrar sus puertas, solicitado la reorganización administrativa y otras tantas, la quiebra y liquidación definitiva. Pocas compañías estaban preparadas para aguantar un lapso tan extenso sin producir ingresos, elevando así la tasa de desempleo, que para el cierre del mes de agosto de 2020, se cifró en un escandaloso 20,2%, conforme a cifras del DANE.


Como si fuera poco, el 30 de abril, el decreto anunció que inicialmente 1.6 millones de personas quedarían sin empleo, lo que aumentaría con el paso de los meses. En pocas palabras, un panorama simplemente devastador para una economía emergente, como la colombiana.


En 1998 la Corte Constitucional trazó una línea premonitoria, que sirvió de fundamento jurisprudencial al decreto 639, en la que por causa extraordinaria es posible transferir recursos no condicionados y a título gratuito en favor de terceros. De tal manera, que mediante la sentencia de la Corte Constitucional C-159 de 1998, se establece en uno de sus acápites la posibilidad de realizarlo ….”como desarrollo de los deberes y finalidades sociales del Estado con el fin de conseguir el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país. Estos criterios responden a la concepción del Estado Social de Derecho, el cual tiene como objetivo esencial 'promover la prosperidad general, facilitar la participación, garantizar los principios y deberes consagrados a nivel constitucional, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden social justo y proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades'; o como lo ha señalado en otra oportunidad la misma Corte, 'El Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance."


Así las cosas, los decretos emitidos por la presidencia de la República eran procedentes y consiguieron algún tipo de alivio en forma oportuna. Lamentablemente las medidas adoptadas no son suficientes. El golpe económico a las empresas y, por consiguiente, a los consumidores es evidente y los esfuerzos gubernamentales realizados, a mi manera de ver, se han quedado cortos, pues las consecuencias económicas que el aislamiento preventivo obligatorio ha ocasionado tendrán su mayor repercusión en los próximos meses.


Los alivios deben ser efectivos en el tiempo. Deben buscar de manera ejemplar un estímulo en la producción y en el consumo motivando la producción nacional para el comercio de los productos colombianos.

Por lo tanto, una medida efectiva sería bajar la altísima carga tributaria que tienen las empresas en el país.


Iván Duque ya le ha hecho frente a esta realidad con una exención tributaria de siete años, contemplada en la Ley de Financiamiento, para las empresas pertenecientes a la llamada economía naranja”. ¡Muy bien! Pero, ¿y los demás sectores? Una empresa legalmente constituida en Colombia debe pagar impuestos locales tales como IVA, ICA y el impuesto sobre la renta. Adicionalmente toca sumarle 4x1000, las contribuciones parafiscales y de seguridad social y, como si fuera poco, las cargas a la nómina. Esto nos puede dar como resultado que un empleador en el país debe destinar el 70% del beneficio antes de intereses e impuestos (BAI) a la voraz tributación patria.


Si bien en la semana de 16 de octubre el congreso de la República aprobó, con abrumadora mayoría, la extensión del programa de apoyo al empleo formal y un incremento en el subsidio para la prima de diciembre, los empresarios alertan que esta iniciativa no va a alcanzar a cerca de 280.000 organizaciones que están registradas como naturales y que cuentan hasta con tres empleados, lo que significa que el 17% de la fuerza empresarial del país quedaría por fuera de dichos auxilios.[1]

Pero tristemente, se toman medidas que, si bien alivian un poco la situación, no es errado pensar que se trata de pañitos de agua tibia. Parece que pronto vamos a volver al mismo ritmo de trabajo, pero con un agravante: mercados deprimidos y empresas golpeadas. A eso sumémosle políticos con salarios de CEOs y un pueblo que ahora se enfrenta a la posibilidad de mantener a 12 parlamentarios adicionales.

[1] Cfr. https://www.portafolio.co/economia/subsidio-de-nomina-empresas-no-podrian-aplicar-a-paef-545003. Artículo publicado 24-09-2020. Consultado 25-10-2020.

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