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En esta esquina, argumentando que el pésimo servicio de Electricaribe⚡️estaba afectando a la industria barranquillera, ¡el estado colombiano 🇨🇴! Y en esta otra, alegando que fue una expropiación sin indemnización❌, la empresa española Naturgy🧯🇪🇸.
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Hoy veremos cómo Colombia logró vencer la cuantiosa demanda de 4.8 billones de pesos, que interpuso contra el país la empresa Gas Natural Fenosa.
LOS ANTECEDENTES
Hasta septiembre de 2020, Electricaribe era la empresa de servicios públicos que distribuía energía en los siete departamentos que integran la Costa Caribe colombiana. Una empresa que siempre dio de qué hablar, envuelta en polémica por los constantes apagones y fallas en el servicio eléctrico.
Según cifras recogidas por el Observatorio de Multinacionales de América Latina, la Superintendencia de Servicios Públicos recibe, al año, más de 85.000 quejas contra Electricaribe. En su informe, se señala que en 2016 hubo aproximadamente 142 protestas en Barranquilla y su Área Metropolitana contra la empresa, y que de acuerdo a cifras de la Cámara de Comercio de Barranquilla, “los sectores comerciales e industriales pierden 3.215 millones de pesos por cada hora sin luz en una ciudad como la capital del departamento del Atlántico”.
Y es que según datos publicados por El Heraldo, el periódico de mayor circulación en la Región Caribe, los usuarios de la empresa “tenían que soportar un promedio de 96 horas de interrupciones en el servicio de energía eléctrica, cifra calificada como verdaderamente alarmante si se le compara con el promedio nacional que era de 38 horas”.
Fue en medio de este contexto, el 14 de noviembre de 2016, que la Superintendencia de Servicios Públicos autorizó la intervención de Electricaribe y la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios. Casi un año después, en diciembre de 2017, la SuperServicios publicó un informe titulado “La Crisis de la Electrificadora del Caribe S.A.” donde se publican los hallazgos de la entidad durante el proceso de intervención de la empresa.
En el informe se relata que, para 2016, Electricaribe se encontraba atravesando un estado de cesación generalizada de pagos, consecuencia del “profundo déficit de caja de la compañía, proyectado en más de medio billón de pesos para finales de 2016, aunado a un pasivo externo de $2.4 billones” (p.3). Se señaló también que durante más de 10 años la empresa no realizó las inversiones necesarias para asegurar la sostenibilidad de la red eléctrica: mientras su promedio de inversiones oscilaba entre 100 y 200 mil millones de pesos, la Superintendencia estimó que se debían destinar, al menos, 700 mil millones para garantizar la integridad del servicio energético.
Todo esto condujo a un colapso financiero dentro de la empresa que, en palabras de José Miguel Mendoza, Superintendente de Servicios Públicos al momento de la intervención, hubiese generado “una limitación en el suministro de electricidad—es decir, un racionamiento generalizado de energía” en toda la Costa, si el Estado no hubiese tomado las riendas de la empresa a finales de 2016.
II. LA DEMANDA
La intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia no sentó nada bien a la empresa española Gas Natural Fenosa -hoy conocida como Naturgy-, quien era dueña del 85% de las acciones de la electrificadora.
Ante lo sucedido, a comienzos de 2017 Naturgy demandó al Estado colombiano en el Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), un tribunal de arbitramento internacional, pretendiendo demostrar en el litigio que: (i) la intervención realizada por la Superservicios había sido en realidad una expropiación sin indemnización y (ii) que las acciones de la institución habían vulnerado el Tratado bilateral de inversión entre el Reino de España y la República de Colombia.
Las pretensiones de Naturgy era que el Estado le devolviese a Electricaribe o indemnizara a la empresa con 4,8 billones de pesos. Según Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, “Este es el caso más complejo y más cuantioso que tenía Colombia en los tribunales internacionales de inversión”.
La defensa de Colombia consistió en demostrar la falta de material probatorio que acreditara las pretensiones exigidas por Naturgy, fijando las diferencias entre las figuras de intervención y expropiación. Además, argumentó que la intervención era a todas luces necesaria, pues “la mala gestión de la empresa impactó de manera negativa la industria y desarrollo de la región Caribe” e incumplía a cabalidad la ley 142 de 1994, el Estatuto de Servicios Públicos Domiciliarios.
Finalmente, el 12 de marzo de 2021, el tribunal internacional decidió darle la razón a Colombia, y desestimó en su integridad las pretensiones de Naturgy.
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Referencias
El Espectador. “Victoria en demanda por sanciones a Electricaribe: Colombia no tendrá que pagar un peso”. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/victoria-en-demanda-por-sanciones-a-electricaribe-colombia-no-tendra-que-pagar-un-peso/ (revisado 16/03/2021)
Asuntos Legales. “Nación no deberá pagar $4,8 billones a Gas Natural tras decisión del Tribunal Arbitral Internacional” https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/colombia-no-debera-pagar-48-billones-a-gas-natural-tras-decision-del-tribunal-arbitral-3138427 (revisado 16/03/2021)
Electricaribe, la controvertida filial de Gas Natural Fenosa en Colombia https://omal.info/spip.php?article8338 (revisado 16/03/2021)
Superintendencia de Servicios Públicos. “La Crisis de la Electrificadora del Caribe S.A.” https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/informe_eca_vf.pdf (revisado 16/03/2021)
El Heraldo. “Electricaribe: una historia entre apagones y sombras” https://www.elheraldo.co/barranquilla/electricaribe-una-historia-entre-apagones-y-sombras-760093 (revisado 16/03/2021)
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