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Wall Street y el derecho, ¿al agua?

La noticia de esta semana, la negociación del agua en la bolsa de valores,

alarmó a más de uno que por redes atacó con tenacidad esta realidad. Algunos congresistas, aseguraron que el agua no tiene valor porque no es producto del trabajo, lo que implica comercializar con un derecho como una mercancía, tesis que al parecer es propia del “inhumano capitalismo salvaje”. Tema sin duda, polémico.

Empecemos por el principio. “El agua no tiene valor, no es producto del trabajo humano”, escribió Petro, posterior a la cotización en bolsa del agua en Wall Street. Considero que en pleno siglo XXI, la era de la información, en la cuarta revolución industrial defender la obsoleta teoría marxista del valor-trabajo, refutada por Carl Menger desde 1871, no va a cambiar la proyección de las políticas económicas a nivel mundial y lo que se avecina con posterioridad a esta era.


Es un hecho, que cada día se hace evidente que el agua sí tiene valor, y máxime cuando es un recurso limitado. El agua tiene un valor que cambia dependiendo además de muchas variantes, que lógicamente acabarán por influir en su precio, al ser proveído por las entidades o empresas del mercado que ofrecen acceso al recurso hídrico a quienes lo requieran, dependiendo de la capacidad de adquisición. Si no se paga por su acceso, no se tendría aprovechamiento de este.


Pensar que solo la mercancía tiene precio, es ilusorio. Porque todo en la práctica, tiene un valor, y la interpretación del valor para cada uno, seguramente será subjetiva y cambiante. El agua al ser actualmente un recurso limitado, cuanto más escasee será más preciado y es evidente que más se valorizará.


Poco importará que hasta el mismo “McGiver” llegare a alegar que el agua es un “derecho gratuito para todos”, pues es una realidad, que debemos seguir pagando por tener acceso al recurso y por el proyectado encarecimiento del mismo, porque gratis no hay nada en esta vida.


Ahora bien, entender lo que está ocurriendo con la cotización en bolsa del agua en Wall Street como una artimaña del salvaje capitalismo sionista con el sonado discurso de privar del derecho al agua a los más pobres; es un discurso que en la práctica, no es real. Por el contrario, que este recurso se cotice en bolsa quizás pueda ser más provechoso para quienes requieran acceder al agua como insumo principal, como por ejemplo, la industria agropecuaria, que necesita estabilizar el precio del recurso en el tiempo para su abastecimiento y permanencia empresarial.


Imagínese que usted es un productor del sector primario. Por su labor tiene el conocimiento y experticia suficientes para establecer la calidad del pasto que requiere alimentar el ganado, pues conoce cómo debe ser el cuidado del animal y tiene claro que, para su negocio, es fundamental el acceso al agua tratada como insumo. No obstante, si se llegara a presentar escasez del recurso en el tiempo, el precio del agua aumentará ostensiblemente y como productor tendría graves problemas financieros por el aumento de los costes para la explotación económica de la ganadería, y afectaría sin duda el balance de situación de fin de año.


El hecho que el agua se pueda cotizar en bolsa le dará a usted como productor, una estabilidad económica para la rentabilidad de su inversión, al permitirle adquirir “índices de medición de agua” a los proveedores del recurso en el futuro, a un precio ya determinado. De esta manera, el productor se blinda sobre los factores que pudieran llegar a afectar el mercado en cuanto al acceso del recurso se refiere, el valor y, por consiguiente, el precio del agua, otorgándole al inversionista una estabilidad financiera que podría, incluso, salvar su propio sustento y el sustento del personal que dependiera económicamente de esta industria.


El agua es un recurso natural, pero también es limitado. Para que podamos tener acceso a su suministro, debemos asumir el costo que implica la acometida del acueducto y alcantarillado hasta nuestras respectivas viviendas o lugares de trabajo, asumir su consumo por M3, su mantenimiento, el costo de ser potable, o que el suministro se realice a través de las P-TAR cuando el sistema de distribución es autoprestador del servicio. Poder beneficiarnos del agua, es evidente que implica un costo, y debemos pagar por él para nuestra existencia y calidad de vida. Esto es una realidad.


Lo cierto es que, en caso de existir una sequía o escasez, de poco servirán decretos presidenciales, normas del congreso y declaraciones de entidades supranacionales que establezcan que el agua no tiene valor, pues el recurso escaso es indudable que tendrá un aumento de precio en el mercado por las entidades que lo provean por tener el suministro y la forma de tratarla. Si nos esperamos a que el Estado sea el único proveedor del suministro del recurso, hay sectores y regiones del país reprimidas, que ni siquiera tienen acceso al suministro de agua, por no contar con presupuesto para instalar un sistema de acueducto y alcantarillado. Debemos reconocer entonces, que la privatización de las entidades que sean prestadoras del servicio del agua es una opción pertinente y una necesidad para tener acceso con calidad al recurso hídrico, sobre todo para las poblaciones que lo requieren con urgencia.


El analista sueco Frederik Segerfeldt, en su libro “Agua a la venta”, asegura que solo el 3% de la población de los países más pobres recibe agua gracias a empresas privadas, y es en estos mismos países, donde cada año cerca de 1000 millones de personas son diagnosticadas con enfermedades relacionadas con la escasez de agua. La cifra se torna peor, cuando de esos 1000 millones, cerca de 12 millones terminan muriendo[1].


Segerfeldt también asegura que, en los países subdesarrollados, los sistemas públicos de acueducto sirven perfectamente en los sectores donde residen los ricos y la clase media, en gran medida, por sus conexiones políticas, mientras que, en los barrios más pobres, el 80% ni siquiera tiene suministro de agua. Obviamente, los pobres no se mueren de sed. Simplemente pagan más, mucho más, ante un Estado ineficiente.


Antes de la privatización del agua en Ginea de 1989, únicamente el 20% de la población tenía acceso a agua potable, y para el 2001 esta cifra había ascendido hasta el 70%. En Buenos Aires la privatización del agua aumentó el número de hogares conectados al suministro en 3 millones, y el 85% de los beneficiarios pertenecía a los suburbios más pobres de la ciudad. Incluso sin irnos tan lejos, en Cartagena, la privatización de este recurso aumentó en un 27% el número de personas que tenían acceso al mismo[2].


Es una constante de nuestro país, que consideramos que la solución a los problemas sociales es la expedición de leyes que no tienen aplicación en la cruda realidad, por la imposibilidad de poder cumplirlas. El agua, al igual que la educación o la vivienda, deberían auspiciar un debate mucho más técnico que pasional, alejado de los caudales electorales y de los intereses políticos.

Que los discursos políticos en vísperas de elecciones, no estén por encima de la calidad de vida de la colectividad patria.

[1] Frederik Segerfeldt, 2005, Water for sale, Washington, Estados Unidos, Cato Institute. [2] https://www.eldiarioexterior.com/como-el-mercado-puede-resolver-6700.htm

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