Es el conjunto de normas imperativas que regulan y reglamentan las relaciones de consumo que nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios entre productores, proveedores y expendedores (1), en protección a los consumidores de los mismos.
El objetivo de esta rama del derecho es proteger a los consumidores de prácticas abusivas y conductas ilícitas de los productores, proveedores y expendedores en lo referente a las fallas presentadas en un producto o servicio de baja calidad, o problemas en la prestación de un servicio, incumplimiento de las garantías legales y convencionales, información engañosa, incumplimiento de incentivos ofrecidos, inconvenientes con la variación del precio de un producto o el pago de un servicio, la financiación de las compras, entre otros temas de importancia.
El Estado Colombiano a través de la Superintendencia de Industria y Comercio como órgano de vigilancia y control, debe velar por la defensa de los derechos de los consumidores, evitando conductas abusivas y perjudiciales de las entidades que pueden ejercitar una posición dominante en la relación jurídica con el consumidor, o sancionando a quienes imponen cláusulas de salvaguarda o de exoneración de responsabilidad en las ofertas, contratos o convenios de adhesión en la adquisición, promoviendo toda la información e instrucción necesaria a los consumidores sobre los derechos que les asiste y el debido proceso al reclamar.
El derecho al consumo NO se limita únicamente al estudio de las disposiciones del estatuto del consumidor Ley 1480 de 2011, sino que es una disciplina que comprende competencias del derecho público como por ejemplo, el derecho constitucional, estatuto orgánico del sistema financiero, ley de servicios públicos; como por el derecho privado al contener reglamentación de obligaciones, contratos, régimen de bienes, régimen de responsabilidad civil, entre otros.
(1) Cfr. https://www.sic.gov.co/que-es-la-proteccion-al-consumidor.
Consultado 27-03-2022.
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